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Documento de Rectores para compartir con la comunidad


Estimadas familias:

Frente a la circulación de protocolos y el desarrollo de reuniones con diferentes actores del sistema para establecer y analizar las condiciones de un posible regreso a las aulas, la comunidad educativa de CABA, se propone a través del presente documento fijar su posicionamiento. El mismo, resulta de conocer en profundidad el modo en el que cotidianamente funcionan las instituciones educativas que conducimos, de sus posibilidades y limitaciones reales, tanto en lo poblacional, recurso humano, como ediliciamente.

A continuación, se exponen los argumentos que dan base al pronunciamiento final.

  • Cada escuela tiene la capacidad de establecer, de acuerdo a sus posibilidades, la forma de llegar a los estudiantes. Esto ha sucedido a lo largo de todo este tiempo donde en cada establecimiento se arbitraron los mecanismos y herramientas necesarias para que los alumnos/as puedan tener su acompañamiento. También existe la posibilidad de recuperar parte del proceso pedagógico que no pudo concretarse en este período a partir de un regreso a las aulas seguro para todos/as los/as integrantes de la comunidad.
  • La existencia de una gran cantidad de docentes, tanto de ejecución como de conducción, en situación de excepcionalidad conforme a lo establecido por el Decreto 147 y anexos, que compromete severamente la presencialidad.
  • La posibilidad concreta de que docentes no exceptuados necesiten usufructuar licencias médicas de curso habitual, acentuando la dificultad sobre equipos docentes ya diezmados.
  • La réplica de esta situación en las magras Plantas Funcionales de Personal Auxiliar lo cual impide garantizar las condiciones de higiene básicas para iniciar y desarrollar la jornada escolar.
  • Las enormes diferencias de infraestructura entre las instituciones educativas de nuestro distrito donde muchas además se encuentran emplazadas dentro de zonas de alta vulnerabilidad e inseguridad.
  • La existencia de espacios con baja posibilidad de ventilación.
  • La imposibilidad de asegurar el distanciamiento social en todos los ámbitos de la escuela.
  • La existencia de evidencias científicas de que el distanciamiento sólo reduce (no evita) los riesgos de contagio, en tanto el virus tiene la capacidad de permanecer suspendido en el aire.
  • La asignación de una responsabilidad sobre hechos que no podemos garantizar con las consecuentes acciones legales a lo que esto pude conducir.
  • La intervención frente a un presunto caso de COVID producido durante la Jornada Escolar.
  • El acceso de alumnos y alumnas a la Escuela que viven fuera de nuestra jurisdicción a partir de la restricción a la circulación lo cual genera también situaciones de discriminación.
  • La asistencia de alumnos cuyos padres no pueden concurrir a retirarlos en jornadas con horarios adaptados.
  • El uso del transporte público, tanto de docentes como de alumnas y alumnos, siendo este ámbito el de mayor circulación viral.
  • El riesgo asociado también al uso del transporte escolar que impacta sobre una cantidad significativa de alumnos y alumnas que concurren a nuestras escuelas.
  • No contar, a la fecha, con el equipamiento necesario para tomar las medidas de prevención para el ingreso al edificio (termómetros sin contacto y alfombras sanitarias, por ejemplo).
  • Las limitaciones para la atención de un accidente durante la jornada escolar, para la contención física y emocional que ello implica.
  • La complejidad que supone el funcionamiento de los comedores escolares en las instituciones que brindan ese servicio.
  • La falta de garantías ante posibles acciones legales de las familias sobre los docentes a partir del registro de situaciones de contagio.
  • La refundación de nuestras escuelas para dar continuidad a la tarea pedagógica, que con esfuerzos enormes de sus comunidades se viene desarrollando durante la no presencialidad, salvando limitaciones estructurales y tecnológicas, resguardando el derecho a la educación de nuestras niñas y nuestros niños.

Teniendo en cuenta que cada escuela de C.A.B.A. ha realizado junto con su Comunidad Educativa, denodados esfuerzos para que TODOS los estudiantes estén incluidos:

  • Se advierte que son inútiles los esfuerzos para recuperar el vínculo con estudiantes absolutamente desconectados a menos que intervengan agentes de Desarrollo Social, que también tengan alcance en Provincia de Buenos Aires.
  • Señalamos que, los altos niveles de ausentismo, denunciados fuera de la pandemia, nunca fueron objeto de acciones específicas por parte del Ministerio, más allá de los límites de las escuelas y los equipos, teniendo en cuenta también que muchos de esos alumnos viven en Provincia de Buenos Aires y los Equipos de Asistencia Social no tiene jurisdicción fuera del ámbito de CABA. En varias oportunidades se ha reclamado que necesitábamos la intervención de más equipos de Orientación Escolar para acompañar las situaciones de vulneración de derechos.
  • La desigualdad educativa para los estudiantes sin conexión o con conexión intermitente no se resuelve ni estigmatizando ni exponiendo a quienes menos tienen a riesgos sanitarios enviándolos a conectarse a la escuela. La solución ES POSEER CONEXIÓN y esto se resuelve con políticas públicas que equiparan condiciones y garantizan derechos. Esto debió ser una prioridad de la gestión, advertida por la docencia desde el comienzo de esta difícil etapa. Por eso reclamamos equipamiento e internet abierto y gratuito para todos los alumnos, especialmente los más vulnerables. No apoyaremos ninguna gestión tendiente a señalar a estos niños. No tener acceso a la conectividad no es un problema de aprendizaje es un derecho.
  • Proponer un regreso a las aulas a través de la apertura de gabinetes informáticos es pensar que solo con el hecho de sentar a un estudiante frente a la computadora se resuelve el proceso de aprendizaje y que todas las dificultades en relación a las trayectorias escolares se reducen a un problema de conectividad.

Como Comunidad Educativa entendemos que a partir de lo expuesto no están dadas las condiciones para el regreso a las aulas. Esto es aplicable tanto a escenarios de retorno parcial, escalonado o en cualquiera de sus modalidades, tal como quedó establecido en el Consejo Federal de Educación y acordado por todas las jurisdicciones. Adherimos al criterio de preservación de la vida por encima de cualquier otro.

La recarga administrativa aumentó considerablemente y necesitamos en forma urgente que se nos permita expresar y pensar estrategias conjuntas para generar dispositivos para lograr atender la diversidad de situaciones que se nos van a presentar a futuro con nuestras familias y alumnos. 

Las conducciones TIENEN que atender a este particular momento pedagógico y apoyar a sus docentes y estudiantes. Pedimos encarecidamente que dejen de solicitar datos que pueden ser proporcionados por las mismas plataformas que incorporaron y que cuando soliciten información, sea dentro del horario laboral respetando las vías jerárquicas.

Si bien no tenemos dudas sobre el valor de la presencialidad, rechazamos la aplicación de estos protocolos, dado que suponen riesgos que no pueden ser ponderados ni abordados, en el contexto de una institución escolar.

Entendemos que el Sistema Educativo, desde una visión integral, jamás debe abandonar su rol frente a la sociedad, de cuya formación es responsable. Es, por lo tanto, un acto pedagógico sostener que el regreso a las aulas sólo puede estar sostenido en una situación sanitaria que lo amerite.

No nos corremos de nuestra responsabilidad social frente a nuestro rol de garantizar el Derecho Social a la Educación. Solicitamos ser escuchados como parte fundamental de la Organización y el desarrollo de la tarea de educar y que se nos responda por vía jerárquica lo expresado en esta nota.

Esta es la carta fue realizada en el día de ayer lunes 24 por todas/os los rectores/as de la Región Vll y presentada en Supervisión.

Saludos cordiales. 

Rectora Karina Yeremieff